América Latina atraviesa una oleada de situaciones sociales, políticas y económicas similares, porque como región no estamos desconectados de las realidades materiales. Lo que ocurre en Honduras con la llegada a la presidencia de Nasry Asfura, mejor conocido como «papi a la orden», hay que situarlo en una perspectiva regional.
A su llegada se suman la de Abelardo de la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori en Perú, Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador, entre otros. Es una fuerte y agresiva ola de ascenso de la ultraderecha. Cada país tiene una realidad material determinada por su desarrollo histórico, pero todos comparten algo: la intervención estadounidense en el continente.
El mundo avanza hacia un nuevo orden multipolar, con potencias emergentes de otros continentes que ponen en juego el dominio imperial de Estados Unidos vigente desde el fin de la Guerra Fría. Este escenario pone en peligro el acceso estadounidense a los recursos de América Latina y, para asegurarlo sin límites, Washington necesita aplicar una serie de mecanismos de sometimiento. Hace falta que las élites de cada país se alineen con los intereses de la Casa Blanca.
Analizaremos algunos factores de este auge de la ultraderecha y su conexión con las políticas de blindaje continental, para comprender los desafíos que enfrentan los bloques de izquierda progresista.
Definiendo la ultraderecha del siglo XXI
Para comprender la dinámica de la nueva ultraderecha latinoamericana es indispensable cuestionar y superar las categorías tradicionales que pretenden reducirla al fascismo o al nacionalsocialismo del siglo XX. Como señalan Stéphanie Alenda y Simón Escoffier, aunque el fascismo y el nazismo explicaron con precisión las dinámicas autoritarias, corporativistas y xenófobas de la primera mitad del siglo pasado, hoy son categorías insuficientes para entender las tácticas, las trayectorias y el verdadero impacto de las fuerzas ultras contemporáneas en la región.
La nueva ultraderecha no se estructura solo a partir de las experiencias históricas totalitarias ni se limita a la acción de grupos paramilitares o a rupturas constitucionales directas. Tampoco es un bloque monolítico y estático: hay que entenderla a partir de la evolución de sus posicionamientos, disputas y vínculos con el sistema político y la sociedad.
Desde este marco relacional, su definición se articula sobre dos ejes fundamentales.
La disputa y reconfiguración de la derecha institucional (radicales vs. moderados). El éxito y la expansión de la ultraderecha dependen de las interacciones, tensiones y alianzas dentro del mapa de la derecha. El crecimiento de las expresiones radicales está estrechamente vinculado a cómo reacciona la derecha tradicional o moderada: compitiendo con ellas, asimilando parte de su agenda o formando coaliciones de gobierno. Esta grieta acelera la institucionalización del discurso ultra y le permite ocupar espacios de poder formal dentro de las reglas de la democracia representativa.
El despliegue de la «sociedad civil de ultraderecha». No basta con verla como un fenómeno de élites o cúpulas partidarias: la nueva ultraderecha ha construido una sólida base social desde abajo. Está conformada por movimientos neoconservadores, colectivos religiosos (redes evangélicas y sectores católicos tradicionalistas), activismos contra los derechos sexuales y reproductivos («antigénero») y grupos comunitarios de base. La interacción constante entre esta sociedad civil movilizada y la política institucional es el motor que oxigena y expande el proyecto político ultraderechista en el continente.
Al situar el análisis «más allá del fascismo», se evidencia que la ultraderecha latinoamericana del siglo XXI combina la legitimación institucional con la movilización social, erosiona las instituciones democráticas desde su propio interior y disputa el sentido común de la época.
Estados Unidos y su hegemonía imperial
El contexto global atraviesa una transición histórica hacia un orden multipolar. El surgimiento de potencias emergentes y bloques económicos en otros continentes cuestiona el poder hegemónico que Estados Unidos ejerce desde el fin de la Guerra Fría. Es una amenaza directa al acceso irrestricto de Washington a las materias primas y recursos estratégicos de América Latina, como el litio, el agua dulce, el petróleo y los minerales raros.
El auge regional de las expresiones de ultraderecha y el desmantelamiento de los proyectos progresistas no pueden explicarse como dinámicas puramente endógenas. Corresponden a la reactivación de estrategias de «imperialismo soft» trazadas desde Washington para garantizar sus objetivos de seguridad nacional y rearmar la hegemonía neoliberal en el continente.
Como documentan las investigaciones de Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández, este imperialismo de nuevo tipo es una continuidad histórica de las operaciones de guerra psicológica de la Guerra Fría, que desplaza la violencia militar directa hacia mecanismos institucionales y legales.
La arquitectura de la reforma judicial y la estandarización institucional
Desde la década de 1980, agencias del gobierno estadounidense como USAID, junto al Departamento de Justicia y organismos multilaterales (Banco Mundial, BID), volcaron miles de millones de dólares en la «modernización» de los sistemas judiciales latinoamericanos. Mediante programas ejecutados por dependencias como OPDAT, ICITAP, la Oficina de Narcóticos (INL) y centros de formación como la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador, se impulsó una estandarización de los aparatos de justicia locales.
Así como durante el siglo XX se estandarizaron las Fuerzas Armadas de la región, en el siglo XXI se adiestró a jueces y fiscales bajo las premisas doctrinales de la seguridad nacional y la economía de mercado anglosajona.
El lawfare como guerra por la vía judicial
La instrumentalización del aparato de justicia se convirtió en el arma predilecta para desestabilizar gobiernos populares y perseguir, criminalizar y proscribir a líderes opuestos al Consenso de Washington. Esta guerra judicial combina filtraciones mediáticas, manipulación de tipos penales, uso extorsivo de la prisión preventiva e importación de la figura de la «delación premiada». Los ejemplos abundan:
- Brasil: la operación Lava Jato, en la que se comprobó la presencia e injerencia directa de agentes del FBI y capacitaciones del Departamento de Justicia a magistrados locales como Sergio Moro, derivó en el impeachment contra Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula da Silva sin pruebas fehacientes, para proscribirlo de las elecciones de 2018 y abrirle el camino a Jair Bolsonaro.
- Argentina: la persecución judicial sistemática contra Cristina Fernández de Kirchner, mediante causas impulsadas tras reformas procesales aliadas a agencias de EE. UU., culminó en su condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Ecuador y Paraguay: la proscripción y condena de Rafael Correa mediante el Caso Sobornos, originado en publicaciones de ONG financiadas por la NED, y la cooptación de la Corte Suprema paraguaya previa al juicio político contra Fernando Lugo.
Sanciones extraterritoriales y expolio de la soberanía económica
El lawfare persigue objetivos económicos concretos. A través de leyes de alcance extraterritorial como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y de sanciones de la OFAC (Departamento del Tesoro), Washington ha aplicado multas millonarias e inhabilitaciones financieras contra las principales empresas públicas de energía de la región: Petrobras, PDVSA, Pemex y Petroecuador.
El resultado estratégico es asfixiar financieramente a los Estados nacionales, desarticular la competencia en sectores clave e imponer la privatización o la entrega de recursos estratégicos a corporaciones transnacionales.
Las redes sociales y lo mediático: la infraestructura digital de la posverdad
Si el lawfare es la dimensión institucional y punitiva de esta ofensiva, la estrategia mediático-digital es su dimensión cultural y de masas. En términos del periodista Matthew d’Ancona, la tecnología digital funciona como el hardware, mientras que la posverdad es el software que permite reconfigurar el sentido común.
La extrema derecha 2.0 comprendió antes y mejor que ninguna otra fuerza política el cambio radical en la comunicación global.
Gobernanza algorítmica y perfilación psicométrica
Mediante la extracción masiva de datos en redes sociales (big data), firmas como Cambridge Analytica desarrollaron modelos para predecir y manipular la conducta electoral. Con el procesamiento de likes y comportamientos digitales, la ultraderecha ejecuta campañas de micropropaganda altamente personalizada. El objetivo es doble: por un lado, activar los sesgos cognitivos, los miedos y la ira de su base electoral para maximizar el engagement; por el otro, sembrar rumores, desinformación y confusión para desmotivar y fragmentar el voto de los sectores progresistas.
La cultura del meme, el shitposting y la insensibilización
Lejos de ser inocuos, los memes y las imágenes satíricas han sido armas centrales para empaquetar ideologías de odio en formatos virales y aparentemente cómicos. Se combinan con el shitposting (inundar las redes de contenido basura, troleo y agresiones) y el doxing (exposición indebida de datos personales). El objetivo sistemático es insensibilizar a la ciudadanía frente a la violencia verbal, desviar el debate de fondo y desarticular la deliberación democrática, convirtiendo los entornos digitales en campos de acoso coordinado.
La batalla por la hegemonía cultural
Ideólogos de la ultraderecha como Steve Bannon comprendieron, recuperando tesis de la Nouvelle Droite, que la batalla política decisiva es primordialmente cultural. Teorías del complot como el «Gran Reemplazo» o la retórica contra el «marxismo cultural» se arman y difunden deliberadamente para canalizar la incertidumbre socioeconómica hacia chivos expiatorios (migrantes, feminismos, disidencias) y atomizar a la sociedad en identidades enfrentadas.
Conclusiones
El auge de la nueva ultraderecha en el siglo XXI no es un fenómeno espontáneo: es el resultado de una estrategia que articula el poder geopolítico, la persecución judicial y la manipulación digital. Para comprender y enfrentar esta amenaza es indispensable analizar tres factores que se alimentan mutuamente.
La injerencia de Estados Unidos (el motor geopolítico). La reconfiguración del poder estadounidense funciona como respaldo hegemónico de las ultraderechas regionales. Bajo la lógica del imperialismo soft, Washington promueve alianzas con sectores reaccionarios y élites locales para reasegurar el control sobre los recursos estratégicos y la economía de la región, alinear la política continental con sus intereses de seguridad e impedir el afianzamiento de proyectos soberanos o progresistas.
El lawfare o guerra judicial (el mazo institucional). La instrumentalización del aparato de justicia se ha consolidado como sustituto de los antiguos golpes de Estado militares. Mediante la manipulación de causas penales, el uso extorsivo de prisiones preventivas y la complicidad mediática, el lawfare persigue y proscribe a líderes populares y altera las reglas de la contienda electoral desde los tribunales, para despejarle el camino al poder a las facciones más extremistas de la derecha.
Las redes sociales y la batalla mediática (el altavoz cultural). Las plataformas digitales son la infraestructura técnica donde la posverdad y la desinformación operan a escala masiva. Mediante la perfilación algorítmica y la explotación deliberada de emociones viscerales como el miedo, la rabia y el resentimiento, distorsionan el sentido común, fragmentan a la sociedad en polarizaciones ideológicas y movilizan a una base social ultraconservadora, de modo que los discursos autoritarios se perciban como opciones políticas aceptables.
Mientras Estados Unidos aporta la cobertura geopolítica, el lawfare ejecuta la proscripción institucional desde arriba y las redes sociales construyen el sentido común y la movilización pasional desde abajo. Esta tríada ha logrado erosionar las democracias latinoamericanas desde su propio interior, sin necesidad de recurrir a intervenciones militares.
Bibliografía
- Alenda, Stéphanie, y Simón Escoffier. «La nueva ultraderecha en América Latina más allá del fascismo: una agenda de investigación». Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 28, n.º 1, 2024, pp. 255-290.
- Forti, Steven. «Posverdad, fake news y extrema derecha contra la democracia». Nueva Sociedad, n.º 298, 2022, pp. 75-91.
- Romano, Silvina María; Lajtman Bereicoa, Tamara; García Fernández, Aníbal. «Imperialismo “soft”: asistencia de Estados Unidos y lawfare en América Latina». Reoriente, vol. 3, n.º 2, mayo de 2024, pp. 95-118. Universidade Federal do Rio de Janeiro.