Genealogía y mecanismos de la captura estatal

El concepto de captura del Estado emerge en la literatura del Banco Mundial a finales de los noventa para describir las economías postsoviéticas, donde se observó cómo actores empresariales privados cooptaban activamente la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas en beneficio propio.1 Esta definición clásica propone categorías como corrupción administrativa e implementación de normas para favorecer a los captores, trasladando la observación crítica de un individuo —el servidor público que facilita la corrupción— hacia la arquitectura sistémica y estructural de la degradación pública.

El concepto inicial de Hellman es una expresión de desarrollo conceptual de diseño liberal-institucional y burocrático: una herramienta que nos explica la forma de gobernanza hondureña y los mecanismos derivados en el control del aparato estatal. En Honduras, ese aparato es un Estado republicano segmentado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Esta crítica presenta al Estado de Honduras como un instrumento histórico de las élites hondureñas, es decir, como un sistema operativo de la corrupción2, en el que las élites económicas y políticas son constitutivas de su arquitectura institucional desde el siglo XIX.3

La Noche Neoliberal

Fue con la llegada del gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) que se reestructuró formalmente el neoliberalismo, facilitando la captura por parte de las élites económicas y redes político-empresariales. Callejas no creó la captura del Estado: la profundizó. Lo hizo generando un conjunto de condiciones que incluían la privatización, la desregularización, la devaluación de la moneda frente al dólar y, de forma más sofisticada y contemporánea, los fideicomisos.

Esta configuración desarrolló patrones preexistentes de apropiación privada sobre lo público. Harvey ha señalado que el neoliberalismo no debe interpretarse únicamente como una teoría económica o ideológica, sino como un proyecto de profundización del poder de las élites que controlan los capitales.4

Una de las primeras medidas de Callejas fue la implementación del Programa de Ajuste Estructural (PAE) mediante el Decreto 18-90 —la Ley de Ordenamiento Estructural—, que contenía cuatro elementos centrales: 1) devaluación de la moneda; 2) reducción arancelaria y apertura comercial; 3) reforma tributaria enfocada en exoneraciones e impuestos regresivos; y 4) reducción del aparato estatal mediante privatización de empresas públicas y reducción del empleo público. Estas son algunas de las características que definirán la arquitectura estatal que se consolidará con la ruptura sistémica de 2009-2010. Esta gestión permitió la consolidación de ciertos grupos empresariales, entre los que destacan los apellidos Canahuati, Larach, Faraj, Atala, Nasser y Facussé, como principales operadores de la captura del Estado hondureño.5

Intensificación Neoliberal

El caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) merece atención particular porque constituye un preludio de los mecanismos de captura que se consolidarán después de 2009. Con la aprobación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico de ese año, se facilitaron contratos de generación de energía bajo cláusulas leoninas que garantizarían a largo plazo el monopolio de la generación a entes privados, facilitando el incremento en el costo del servicio y el déficit operativo de la ENEE. Ello implicó su progresivo desmantelamiento y tercerización, uno de los ejemplos más nítidos de la profundización del modelo económico neoliberal.

Ruptura constitucional 2009: punto de quiebre

La ruptura del orden constitucional de 2009, calificada como golpe de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no fue un hecho aislado ni coyuntural, sino un punto de quiebre en la captura del Estado que involucró a sectores conservadores, cúpulas militares y empresariales, y la injerencia externa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este proceso constituye una aceleración y consolidación neoliberal que implicó contratos multimillonarios en el sector energético, el golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia (2014) para facilitar el control y afirmación del poder de Juan Orlando Hernández, la intensificación de la represión y criminalización en el Bajo Aguan, la promulgación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) —que cedían espacios territoriales sustraídos de cualquier control estatal—, y la reelección cuestionada de Juan Orlando Hernández en 2017. Este último sería extraditado y condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, para luego ser indultado y liberado por el presidente Donald Trump en el contexto del ciclo electoral de 2025.

El Estado relacional: Poulantzas y Jessop

Para Poulantzas, el Estado

“es la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases”

cada una con distintos intereses, de manera que el Estado como unidad es un espacio de choques y contradicciones —ministerio público, poder judicial, banco central, policía— donde distintas formas de control se configuran alrededor de su aparato.6 Cada institución capturada expresa, según el tipo de interés, una forma institucionalizada de poder donde un bloque dominante ejerce su hegemonía y capitaliza la arquitectura del Estado conforme a su conveniencia. En el caso de Honduras, el deterioro institucional convierte al Estado en un terreno de disputas donde las élites y el histórico bipartidismo han construido una hegemonía que se ajusta a sus intereses.

Jessop sistematiza este proceso mediante el enfoque estratégico-relacional: el Estado contiene una selectividad estratégica estructural que privilegia de forma deliberada y sistemática estrategias, actores e intereses específicos por sobre otros.7 Aplicado a la neoliberalización estatal desde 1990, este marco permite articular la república bananera, el carácter clientelar del bipartidismo histórico, la militarización de la sociedad, la ruptura constitucional y la consolidación del narcoestado entre 2010 y 2021, y nuevamente en 2025.

Efectos estructurales y conclusiones

Del planteamiento anterior se derivan efectos estructurales con daños muy significativos en el tejido social hondureño: 1) profundización de la desigualdad e incremento de la pobreza como efecto directo de la captura estatal; 2) un sistema de corrupción hegemónico que erosiona las instituciones públicas y el sistema electoral al servicio de élites empresariales y políticas vinculadas a sectores conservadores; y 3) la descomposición del Estado, que evoluciona hacia expresiones de escisión territorial, renuncia a la soberanía nacional y penetración del crimen organizado y el narcotráfico en la institucionalidad.

La captura del Estado de Honduras puede entenderse como un proceso histórico con una larga genealogía bananera y una selectividad estratégica que favorece la concentración de capitales económicos, ajenos a cualquier proyecto de Estado que beneficie a las mayorías populares.

La neoliberalización del Estado configuró las relaciones de poder y proveyó un lenguaje técnico e instrumentos jurídicos para degradar la institucionalidad y legalizar los mecanismos de captura mediante operarios en el histórico bipartidismo.

El golpe de Estado constituye un punto de ruptura, pero también la intensificación y celeridad de este proceso. La aprobación de leyes nocivas en la administración Hernández, las ZEDES, la reelección inconstitucional, las evidencias de fraude y el colapso institucional son procesos críticos aún en desarrollo. Una historia no finalizada en una República Bananera llamada Honduras.

Footnotes

  1. Hellman, J., Jones, G. y Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition. World Bank Policy Research Working Paper 2444. ↩

  2. Chayes, S. (2017). When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras. Carnegie Endowment for International Peace. ↩

  3. Euraque, D. (1996). Reinterpreting the Banana Republic: Region and State in Honduras, 1870-1972. University of North Carolina Press; Posas, M. y Del Cid, R. (1983). ↩

  4. Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press. ↩

  5. Waxenecker, H. (2019). Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe. Fundación Heinrich Böll Stiftung, Centroamérica. ↩

  6. Poulantzas, N. (1978). State, Power, Socialism. New Left Books, Londres. ↩

  7. Jessop, B. (2008). State Power: A Strategic-Relational Approach. Polity Press. ↩